Las autoridades del poder ejecutivo israelí han expresado su desacuerdo, alegando que en la situación de guerra actual es necesario mantener la unidad nacional, y esta ley lacera la moral general.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, declaró que con esta derogación «están tomando en sus manos todas las competencias que en una democracia se dividen entre los tres poderes».

«Es imposible legislar siquiera una ley básica o tomar una decisión en la Knesset o en el Gobierno sin la aprobación del Tribunal Supremo, con lo que se priva a millones de ciudadanos de su voz», agregó.

Según el presidente de la Knesset (Parlamento israelí), Amir Ohana, «es evidente que el Tribunal Supremo no tiene ninguna autoridad para anular leyes básicas»,  pero “no podemos ocuparnos de esto (…) mientras estamos en medio de una guerra”, agregó.